A partir del 10 de julio de 2027, la Unión Europea (UE) implementará un nuevo límite para los pagos en efectivo, estableciendo un máximo de 10.000 euros. Este cambio se enmarca en las medidas contra el blanqueo de capitales adoptadas en mayo de 2024. En España, la ley ya es más estricta que la UE en este aspecto, con un límite de 1.000 euros para pagos entre particulares y de 10.000 euros para pagadores no residentes fiscales. Este nuevo límite afectará a empresas que manejan grandes sumas de efectivo. Las empresas cubiertas por las normas antiblanqueo deben identificar al cliente para transacciones de 3.000 euros o más. En España, la normativa no requerirá cambios adicionales, ya que el artículo 80 permite que continúen los límites nacionales más bajos. Este cambio es parte de las medidas de la UE para cerrar lagunas legales en el uso de efectivo.
