El contrato de arrendamiento se firmó en noviembre de 2017 y duraba tres años. La renta inicialmente era de 650 euros, pero en el momento del proceso era de 666,81 euros. La inquilina denunció problemas de humedad en su vivienda, lo que motivó que la propietaria, Patrimonis Bersach, S., reclamara los impagados. Por su parte, la inquilina pidió 6. 000 euros por daños. En primera instancia, el juzgado falló a favor de la empresa. Las costas las pone a cargo de la arrendataria. Los problemas de humedad eran insuficientes para dejar de pagar toda la renta. Los técnicos constataron las deficiencias, aunque existían algunas discrepancias. El perito de la propiedad constató la presencia de hongos en la pared de la fachada y señaló que falta ventilación. La arquitecta técnica que actuó a petición de la inquilina hizo un análisis visual y concluyó que había humedades por condensación en la sala y dormitorio. La Audiencia Provincial de Barcelona consideró que no estaba en condiciones de habitabilidad. La inquilina siguió viviendo en el piso y, por eso, no puede quedar liberada de su obligación de pagar. La propietaria tenía la obligación de subsanar los problemas. En la Ley de Arrendamientos Urbanos, se establece que corresponderá al arrendador efectuar todas las obras y reparaciones que sean precisas para mantener la vivienda en estado de habitabilidad, excepto aquellas que sean atribuibles al inquilino. Roberto García Ceniceros coincide en que debe pagar la inquilina. Sin embargo, no acepta la rebaja. En su voto particular considera que el deber de reparar "no es mesurable". Es decir, o se cumple o no. Considera que la ley permite resolver el contrato y pedir una indemnización; sin embargo, no debe cambiar el precio. Propone mantener los 31. 340,07 euros y aceptaría los 6. 000 euros de daño moral. Ambos se compensarían, quedando en 25.

No pagó el alquiler casi cuatro años y la casera no reparó las humedades: la Audiencia rebaja la deuda en un tercio

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