La M-30: Una carretera en conflicto
El Ayuntamiento de Madrid ha renunciado a recuperar una deuda de 112 millones de euros en facturas de luz de la M-30, una carretera que fue gestionada por empresas privadas durante una década. Según una investigación de El Mundo, durante esa época, el consistorio exigió que las empresas privadas pagaran los costes eléctricos de la carretera, pero se negaron en todo momento. Ahora que la M-30 es propiedad del Ayuntamiento, esa reclamación ha sido retirada. La posibilidad de recuperar ese dinero parece cada vez más remota.
La deuda de la M-30
La deuda de la M-30 se remonta a 2017, cuando el Ayuntamiento inició una reclamación por facturas de luz impagadas. Según El Mundo, la cantidad reclamada comenzó en unos 54 millones de euros y creció año tras año hasta alcanzar aproximadamente 112 millones de euros en las últimas cuentas. Emesa se negó a pagar en cada ocasión. La deuda se mantuvo viva durante 10 años bajo el mandato de Manuela Carmena (2015-2019) y José Luis Martínez-Almeida (2019-2025). El consejero delegado de Calle 30, Javier Ramírez, seguía pidiendo el pago en 2025, señala El Mundo.
La estructura de Calle 30
Calle 30 fue una sociedad mixta durante dos décadas, participada en un 80 % por el Ayuntamiento y en un 20 % por Emesa. Según El Mundo, para hacerse con ese 20 %, el consistorio pagó 103,9 millones de euros. Sin embargo, el gasto en concepto de electricidad no formaba parte de ese precio. El Ayuntamiento afirma que solo siguió reclamando el dinero por "cautela jurídica", para interrumpir la prescripción. También sostiene que una resolución vinculante en 2005 ya había determinado que Emesa no pagaría. El Ayuntamiento señala además que dicha resolución apuntaba al modelo financiero del proyecto, una hoja de cálculo que detallaba todos los costos.
La relación tóxica entre el Ayuntamiento y Emesa
La relación entre el Ayuntamiento de Madrid y Emesa se ha caracterizado por conflictos recurrentes. Según El Mundo, Emesa demandó a Calle 30 en varias ocasiones para reclamar más dinero. La compra de participaciones también fue presuntamente conflictiva, ya que Emesa no quería vender. La Cámara de Cuentas señaló la irregularidad en 2016, 11 años después de que comenzara el contrato. Sin embargo, no hubo ninguna demanda, y el Ayuntamiento dice ahora que el gobierno de Carmena nunca inició los trámites adecuados.
Otros problemas financieros de la M-30
El Ayuntamiento de Madrid también ha reconocido que no ha realizado inversiones extra para garantizar la durabilidad de los túneles. También afirma que Emesa incumplió sus compromisos de mantenimiento, lo que explica en parte por qué se negó a pagar algunas reformas allá por 2016. Además, según un informe de 2021 de la consultora de ingeniería LRA, los túneles necesitan unos 400 millones de euros de inversión para garantizar su durabilidad. Sin embargo, el Ayuntamiento no ha realizado esas inversiones.
Conclusión
La deuda de la M-30, que representa 112 millones de euros, sigue sin ser resuelta. El Ayuntamiento de Madrid ha renunciado a recuperar esa deuda, dejando abierta la posibilidad de que nunca se recupere. La relación tóxica entre el Ayuntamiento y Emesa, así como otros problemas financieros, han complicado la situación. La M-30, una carretera que fue gestionada por empresas privadas durante una década, ahora es propiedad del Ayuntamiento y sigue siendo un conflicto abierto entre ambos actores.

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